lunes, 13 de febrero de 2017

CORRUPCIÓN, DESTRUCCIÓN DE LA 

NACIÓN Y FIN DE UN MODELO

Problema mundial y Colombia un epicentro

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Foto: Gabriele Siegrist

Hace cuarenta años el ex presidente Turbay Ayala, dijo: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Justas proporciones significaba un techo del 10% en las coimas de un contrato público. La corrupción había superado ese umbral porque el narcotráfico empezó a dominar espacios en la sociedad, en la economía, y en el estado.


Hoy la corrupción llega en casos al 100% o más, porque se roban todo el contrato, y cubrir el desfalco con recursos adicionales puede elevar al doble o más el costo de una obra o de un servicio, como ha ocurrido con el deprimido de la calle 94 en Bogotá, y como a diario ocurre en el sector salud.  


Odebrecht

La corrupción es un sistema infinito que se sabe dónde y cuándo empieza pero no cuando y donde termina. 

Los treinta y tres mil millones de pesos para sobornos salieron de la multinacional a las oficinas del ex viceministro García y del ex senador Otto Bula, y de ahí a varias agencias del Estado. Esos recursos apalancaron otros recursos a través del sistema financiero e inversiones en nuevos negocios. Así empieza una cadena de corrupción.

En el caso de Odebrech, cuando su presidente ya llevaba seis meses en la cárcel, en Colombia, el Banco Agrario le presta 120 mil millones de pesos. Esos recursos también se perdieron y de pronto en su aprobación contaminaron a directivos y miembros de la junta directiva.

Ese préstamo solo se aplicó en mínima porción en la obra del río Magdalena, porque la multinacional estaba en plenos líos jurídicos. Entonces, con desfachatez indignante el presidente del Banco dice: “esos recursos están protegidos” porque en últimas están asegurados por otros recursos públicos. De esta manera, los 33 mil millones iniciales se convierten en 273 mil millones y más, que equivalen al 4.0% de la reforma tributaria para este 2017, sin contar los recursos adicionales que la ANI deberá desembolsar a la empresa que terminará las obras, con lo cual la cifra puede llegar a 600 mil millones y más. Esto sin contar lucros cesantes, perdida en productividad y competitividad, impacto en las economías locales y regionales por donde va la autopista, impacto en los retornos de la inversión vía peajes, además, estos se convinieron a 10 años para que el retorno sea más pronto pero encareciendo de manera absurda el desplazamiento porque en la Ruta del Sol II habrán 8 peajes. 

Las cifras sobre el caso Odebrecht parecerán pequeña a muchos, porque los “sobrecostos” de Reficar equivalen a una o dos reformas tributarias, sin embargo, son equivalente a los "sobrecostos" de Bionergy, es decir, equivalentes al 7% de la tributaria de este año. Entonces, el impacto económico y social de la corrupción es espantoso e irrecuperable, porque se calcula en 3% del PIB. A manera de caricatura, del IVA del 19%, usted, ciudadano, está consignando 3% al fondo de la corrupción. Y ese 3% si se suma al 10% del narcotráfico (digamos que solo el 5% del negocio mundial de drogas se queda en Colombia), es lo que explica el "milagro" colombiano, porque no es la productividad, la competitividad, el emprendimiento, la innovación, la cultura, la transformación productiva. El costo de la corrupción en el crecimiento de la economía seguramente ha sido mucho mayor que el costo de la guerra con las guerrillas.

Una cultura

La corrupción viene de hace seis o más décadas, de pronto, siglos. Sin embargo, en años recientes se incuba en el denso sistema judicial derivado de la constitución de 1991, en un país que mostraba una estructura pública politizada, clientelista, corrupta, filtrada por el narcotráfico, legitimada por los llamados cupos indicativos regionales, más conocidos como “mermelada”, en casos recientes por las regalías minero energéticas, y lo que aun nada se ha dicho: en las alianzas público privadas (APP) que tal como demuestran varios estudios a nivel internacional, son un negocio para unos pocos - sobre todo donde las corrupción es muy alta -, y a costa de los recursos del estado y de altos precios que deben pagar los ciudadanos.

Congreso de la República de Colombia
La corrupción transita agazapada en códigos que son una maraña de sofisticados y deliberados cabos sueltos, o con vacíos normativos por los llamados “micos” parlamentarios que el ejecutivo “tampoco ve”, y por lobistas que entregan maletines negros en los pasillos del congreso para tener leyes a favor de terceros. Entonces, desde la parte alta de la pirámide del estado baja la corrupción a copar toda la geometría social. La Procuraduría dejó vencer los términos de investigaciones a Odebrecht iniciadas en 2010. El procurador general de Brasil dijo hace un año en la WRadioColombia, que actores de Colombia y de otros países 11 países latinoamericanos también estaban implicados, y nada se dijo ni se hizo en Colombia. Las instituciones están corrompidas, y si no fuera porque la justicia norteamericana destapó la olla, los partidos políticos, y los gobiernos implicados hubieran continuado en silencio.  

El tronco de esta cultura de la corrupción está en el modelo de economía de mercado de la constitución del 91. Se hizo para que todo el estado y toda la sociedad girara en torno a agentes del mercado “porque este hace todo y todo lo hace bien, pues no tiene fallas, y si las tiene, debe corregirlas el estado”. Tarde se entendió que las fallas son de uno y otro, y que solo atacar las de uno sin mirar las del otro, no genera eficiencia ni productividad ni equidad ni crecimiento alto positivo. La literatura sobre el desarrollo está llena de evidencias. Y agregue el factor inédito de ser el mayor productor de cocaína del mundo, cuya economía ilegal es funcional con una economía abierta con un estado débil.
  

El estado colombiano, a diferencia de los países desarrollados y de los emergentes dinámicos, no toma iniciativas, no emprender, no innova, no crea, no hace ciencia, no hace alianzas de iguales con los privados para desarrollar la nación a  través de proyectos estratégicos de largo plazo que requieren de ambos actores (Mazzucato, El Estado Emprendedor; La Globalización de la Pobreza, de Erik Reitner; Por qué fracasan los países, de Robinson y Acemoglu; La creación de la sociedad del aprendizaje, de Stiglitz y Greenwald, y la lista de pensadores neoshumpeterianos es interminable), no hace políticas de estado, solo planes de gobierno.  Está para obedecer y cumplir con lo que el mercado le diga que debe hacer. No puede pensar ni proponer ni impulsar un proyecto nacional de desarrollo, construir instituciones propias y políticas de largo alcance. Por eso la burocracia se volvió más perezosa, nada creativa, emprendedora e innovadora, y es empujada a la corrupción por tecnócratas efímeros.


El modelo de crecimiento de Colombia no corresponde con la historia del desarrollo de los países más avanzados en los últimos quinientos años, ni con la historia de los emergentes de los recientes setenta. El modelo de Colombia obedece a una manipulación ideológica y teórica ortodoxa. Colombia salió de su condición de los estados más fallidos para ingresar a la categoría de estados emergentes fallidos, gracia a la corrupción y al modelo de crecimiento que hace 10 años no tiene una nueva reforma importante en torno a unas políticas de desarrollo productivo, de ciencia, tecnología e innovación, y de desarrollo regional.


Ojalá la campaña de Santos salga bien librada de las denuncias de un delincuente. Si sale sin tacha, saldrá fortalecido y podrá culminar su gestión cerrando la paz y cerrando varias fuentes de descomposición. Si no es así, Colombia quedará en el peor de los mundos, empañado el premio Nobel de Paz el más importante reconocimiento mundial. Sin embargo, ya existe una vertiente política y ciudadana que crece día a día contra la corrupción y la violencia, y que dibuja una nueva idea de desarrollo para esta tierra del olvido donde la maldad algún día se enquistó.


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