COLOMBIA, DESORDEN INSTITUCIONAL

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Foto: Gabriele Siegrist

Las instituciones son las reglas de juego que una sociedad establece a través de leyes, reglamentos y procedimientos para el funcionamiento de los gobiernos y del estado a largo plazo, lo cual reduce la incertidumbre y proporciona una estructura a la vida diaria. Hay dos tipos de instituciones: las formales, que son los determinantes fundamentales del desempeño económico y del estado en el largo plazo; y las informales, que aluden a ideas, creencias, actitudes y valores de las personas, es decir, la cultura de una sociedad. La interacción entre instituciones y organizaciones da forma a la evolución positiva de una sociedad.  Esta es una síntesis del pensamiento de Douglass North, premio Nobel de Economía, y sirve de marco para ilustrar esta columna.

Cuando en Colombia los actores invocan la fortaleza de las instituciones, se refieren de manera equivocada a las organizaciones, es decir, a las instancias que configuran la operación o la gestión del estado, y no a las instituciones en el sentido de las reglas de juego, consignadas en la constitución y las leyes. Además, por tener la nación todos los organismos imaginables para su funcionamiento, no por ello se tienen instituciones fuertes.

Es el caso con el nombramiento del exfiscal Martínez Neira, cuestionado a fondo, y a pesar de las evidencias de su inconveniente nombramiento, fue elegido por pactos entre sectores políticos asociados a los tres poderes: Vargas Lleras se lo impuso a Santos, este lo ternó, y la corte suprema le dió el Aval. Se fueron contra las reglas de juego, se atropellaron las instituciones, y se introdujo un caballo de Troya en la fiscalía y en el sistema de justicia. La conducta poco diáfana de este personaje dio pie a una crisis mayor: atacar a la paz por atravesarse como mula muerta a la JEP, creando, junto al gobierno, seis objeciones a la ley estatutaria de esa jurisdicción, generando un ambiente de incertidumbre y de mayor polarización política, porque ha puesto en riesgo el acuerdo de paz que es un acuerdo institucional incorporado a la constitución y el cual obtuvo la aprobación masiva y plena de la comunidad internacional.

Entonces, cuando un poderoso grupo político, que ganó el plebiscito en contra del acuerdo de paz, recurriendo a estrategias tramposas según palabras de uno de sus principales voceros de entonces, y que el Consejo de Estado alcanzó a mostrar pero que luego nada volvió a decir, son severas vulneraciones institucionales. Por supuesto que esto también se refiere a la debilidad de la sociedad que no defendió el marco institucional de la paz como derecho consignado en el artículo 22 de la constitución, para volcarse masivamente a las urnas y defender el derecho a la paz, a la vida y para poner punto final a la guerra. Incluso, más grave de los que se oponían al acuerdo fue la ausencia de ciudadanos que permitieron que una minoría triunfara. 

La omisión de pruebas, o haber hecho poco para sustentar las evidencias en el caso de Santrich, es otra falla institucional deliberada, porque el exfiscal y el uribismo sabían que la JEP, sin pruebas sólidas, no iba a decidir por la extradición. Se agazaparon, aparecieron las nuevas pruebas, recapturaron al exguerrillero, y seguramente será extraditado. Al respecto, si Santrich cometió un delito después del 1 de diciembre, el también incumplió las reglas de las instituciones.

Ahora bien, el propósito del ala política del gobierno por la extradición, no es más que el propósito de que se lleven a unos exguerrilleros a los Estados Unidos para ser judicializados por narcotráfico, porque allá nada dirán de su papel en nuestro conflicto, y sucedería lo mismo que con los paracos, que están allá por narcotraficantes pero silenciados en sus nexos con la guerra de Colombia. Se quiere hacer lo mismo con los exguerrilleros, al tiempo que si los terceros confiesan en la JEP su participación en la guerra, no pueden ser extraditados. Es decir, todo esto es un desarreglo institucional espantoso, porque se quiere torcer las instituciones y la acción de sus organismos, para castigar a unos y salvar a otros, cuando el arreglo institucional es que todos los actores que aplicaron violencia deben ir a la justicia transicional en igualdad de condiciones, tal como emana del mandato constitucional producto del acuerdo.  Si unos van a la justicia y no les pasa nada y a los otros sí, es un atropello a la construcción de instituciones para la paz, la reconciliación, la reparación y el desarrollo de largo plazo. Este quiebre institucional es una señal de la debilidad institucional del estado, genera desconfianza en los agentes económicos porque perciben debilidad en las reglas de juego.

El desorden institucional se refleja también en las altas cortes: una sala decide un día que no y a los pocos días otra sala de la misma corte dice que sí, como sucedió con el Consejo de Estado y el caso de Mockus. O como esta misma Corte, por igual caso, decide en contra de una congresista de la oposición pero absuelve a la vicepresidenta de la república.  

La debilidad institucional, incluso se refleja en la misma JEP, donde dos magistradas, sin pruebas fiables, defendieron la extradición de Santrich. Es decir, cómo sin evidencia plena toman una decisión que se nota politizada y no en derecho, porque las pruebas recién llegaron después de la decisión de la JEP.  Ah, señoras magistradas.

Las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP es la evidencia de un severo desarreglo institucional. Esa iniciativa era innecesaria y contraproducente para la estabilidad institucional. Hoy, por la obsesión de una fuerza política que no fue actor pasivo del conflicto sino que está comprometida con la degradación del mismo, tiene en jaque a las instituciones, porque además de ahí emanan propuestas alucinantes como la de una Asamblea Constituyente o decretar la conmoción interna para resolver un hecho agrandado por culpa de la desarticulación entre las organizaciones del estado, en este caso de la fiscalía de Martínez Neira y la JEP.

El retorno en las fuerzas militares a los estímulos por bajas puede derivar en una nueva ola de falsos positivos, otra muestra del inhumano desorden institucional que vive Colombia, que se suma al asesinato de líderes sociales. Cuando la vida no vale nada, las instituciones tampoco. El general Nicasio Martínez debería renunciar o ser llamado a calificar servicios.

Incluso, la posición del Procurador General, que un día encanta y al siguiente desancanta, es parte de la fragilidad institucional, porque está decidiendo con calculadora por su aspiración presidencial en el 2022.

Para sacar el tema del desorden institucional a los hechos relacionados contra la paz, es también una falla institucional el rezago o limitaciones de las políticas de desarrollo productivo, de ciencia, tecnología, innovación, educación, desarrollo rural y protección ambiental, y porque además no hay objetivos de largo plazo para abatir la informalidad, que es un profundo desarreglo institucional y de las organizaciones, son elementos que generan desconfianza para un desarrollo empresarial avanzado, disruptivo y sostenido. Esta es una deficiencia institucional enorme, que sumada a las anteriores, la política y la de justicia, más la corrupción y los engaños de los fondos privados a los pensionados, hacen del marco institucional un marco desconfigurado, suelto en los vértices y listo a quedar en pedazos.

Colombia está retornando a los peores días de la violencia por allá en el año 2002, con un agravante, que en ese entonces había FARC y ahora no, porque se desmovilizó, entonces, lo de estos días es un desmadre institucional desde el interior del estado estimulada por una facción política extrema.       

Sin embargo, la posición de los partidos políticos, distintos al del gobierno, ante invitación del presidente Duque, de no congraciarse con los propósitos de desarticular el acuerdo de paz y la JEP, es un buen gesto de corrección institucional.