LA REFORMA TRIBUTARIA DE COLOMBIA, UNA FOSA FISCAL (II)

Foto: Gabriele Siegrist

Una vez el gobierno conversó a puerta cerrada con algunos empresarios y políticos de la “unidad nacional”, se hizo público el texto de la reforma, luego de mostrarla a cuenta gotas, lo que ha resultado en una estrategia fallida porque ocultaba muchas cosas.

El título es agotadoramente largo -no lo creen ni sus inventores - e intenta reflejar que se trata de una reforma estructural como nunca antes se había diseñado, lo cual no es cierto, es solo un ejercicio para empezar a tapar la fosa fiscal que este gobierno creo con la reforma de 2018, cuya saga se remonta a la “confianza inversionista” de Uribe, y que Duque ha empeorado. Sin embargo, ni la actual ni las anteriores aritméticas tributarias desde 1998 evidencian progresividad hacia una sociedad menos inequitativa que apunte a un crecimiento alto y a un desarrollo sostenible de largo alcance.

Nuevas burocracias

El problema de la reforma comienza con la creación de una especie de Suprema Corte de la Regla Fiscal, denominada en el texto: Comité Autónomo Permanente de la Regla Fiscal, nombre ampuloso que permite imaginar macroeconomistas ortodoxos vestidos con toga color naranja. Es totalmente innecesario ese Comité para el cual ya estarán pasando hojas de vida amigos de Uribe, Duque y Carrasquilla.

Si para monitorear y reequilibrar la regla fiscal se necesita esta super corte ¿de qué sirve el Ministerio de Hacienda si por otro lado el sistema nacional de competitividad y de innovación prácticamente ha desaparecido?

Si esta tributaria la quieren vender como estructural, sirve si la política de desarrollo productivo no es letra muerta y desarticulada de las acciones de MinCiencias y de otros ministerios de sectores estratégicos, como: energía, salud, educación, transporte, TIC, y agricultura, el cual tiene múltiples exenciones para importar y hacer adecuaciones que mejoren la actividad pero sin disponer de un marco de avance productivo, de innovación, de emprendimiento, y de inversiones sostenidas durante muchos años en cuanto a infraestructuras sociales, tecnológicas y de comunicaciones.

A la Corte Suprema de la Regla Fiscal se sumará la Fiscalía General de las Fuerzas Militares, que avanza agazapada. Entonces, esto va en contra vía de lo que dice el texto impositivo: reducir las instituciones del Estado para ahorrar gastos. Otro sofisma para contentar a Uribe que rechazarán los políticos de la “unidad nacional”, porque amenaza fortines burocráticos y de corrupción.

De esta manera, reequilibrar la regla fiscal no será con políticas de desarrollo, sino con más gastos y más impuestos porque los 31 billones de subsidios a las empresas más grandes, poco se tocarán a pesar de que no tienen ningún efecto positivo para la economía, pero que descaradamente el gobierno ajustó antes de presentar está reforma para perpetuar las zonas francas con sus subsidios. El legado que dejarán Uribe, Duque y Carrasquilla, es espantoso: devolverán a Colombia a 1991, mientras la reestructuración de la economía mundial avanza al 2051 y más allá. Como ejemplo, Colombia va por un camino muy distinto al que Biden está llevando a Estados Unidos para relanzar la economía, que en la práctica es un abandono del neoliberalismo, mientras Colombia lo intenta consolidar, a pesar de su agotamiento e inconveniencia.  

¿Exenciones para qué?

Los vacíos conceptuales y de contenido del modelo económico están relacionados con el inmenso listado de productos importados exentos de impuestos. Al mirar esas listas se observa que ahí estaría gran parte de la justificación y contenidos de una nueva política de transformación productiva y de innovación. Sin embargo, sobre esto, ni una palabra, ni un peso.

En la batería de apoyos para la creación de nuevos empleos, extender el PAEF, el programa Generación E, y universidad gratuita para estudiantes pobres, no se indica el monto de esos fondos, sino que alude “hasta que los recursos se agoten”, es decir, realidad oculta, cuando sí tienen cifras precisas para clavar impuestos regresivos pero no para cuantificar los sofismas.

Asalto social

La captación de recursos para el hueco fiscal e inversión social vendrá de lo poco que le sacará a los más ricos, y de lo mucho que le quitará a la clase media y a los menos pobres, aunque al final pobres. El impuesto a la renta desde $1´600.000 en 2023, desde $2´440.000 en 2022, es infame, que se suma a una infamia mayor: clavarle tres impuestos a las pensiones, comenzando por una retención a la fuente a partir de las pensiones de $2´178.000, un impuesto adicional a las de $4´800.000 y un aporte extraordinario a las de 10 millones, dentro del paquete a quienes devenguen esta suma o más. Es decir, ni siquiera equilibraron en 10 millones los impuestos temporales a las pensiones y el impuesto temporal a los ingresos superiores a este monto. Además, cualquier carga impositiva a las pensiones es inconstitucional. 

Si a esto se suma el IVA del 19% a productos que no tenían IVA - aunque algunos ya tienen impuestos -, y otros que solo aplica a estratos 4, 5 y 6, significa que al gobierno solo le importa decorar la periferia de la torta para devorarse el centro de la misma. Al mismo tiempo, el IVA para las gaseosas sigue ausente.

Será tan perjudicial la reforma que hasta la ANDI sugiere quitar algunos subsidios, que le darían a Carrasquilla trece billones (en la realidad serían la mitad) para tapar la fosa fiscal.

Una reforma vacía

Decepciona su contenido, porque este es el momento para reestructurar la economía, por tanto, no debería ser un ejercicio desesperado, inmediato y de mirada corta. Colombia necesita un instrumento donde los recursos sirvan para desarrollar la economía y llevar esperanza a la ciudadanía luego de la pandemia. Pero no, esta reforma lleva más angustia a la clase media y a los menos pobres, pero al final pobres, y poco toca a los que más tienen. Es una reforma agresivamente regresiva ya que muestra un espíritu de reconcentración sostenida de la riqueza considerando que subsidia a grandes empresas y al sistema bancario, y no fortalece a los bancos de desarrollo del Estado para apoyar a las pymes y el grueso de una política de desarrollo productivo y de innovación.

El texto decepciona porque pone en evidencia que es un país sin norte, que empobrecerá al 80 o 90% de los formales porque castiga su capacidad de consumo, ahorro e inversión, y no suscita ninguna esperanza puesto que  el ingreso solidario es miserable, y el retorno del IVA será para pocos por la alta informalidad sin información.

Es una reforma desde la premodernidad económica y la injusticia social, que no la salva los impuestos verdes.

Al final, son los errores de un raro y destructivo neoliberalismo que ha succionado desaforadamente al Estado, pero, que se profesa con devoción, tanto, que las iglesias también quedaron excluidas de pagar impuesto de renta. Tal como está, la reforma es entre mala y regular porque no resuelve problemas estructurales. Debe ser otra, porque el país necesita urgentemente cambiar el “modelo de crecimiento”.

La  protesta social vendrá y la represión también, el paro del 28 si no se cae antes la reforma será duro, la violencia aumentará, la tercera guerra se recrudecerá, Uribe irá a juicio y será condenado, la Corte Suprema de Justicia tumbará la imputación de la Fiscalía a Fajardo, y la inmunidad de rebaño no se alcanzará  en los meses que le quedan al señor locutor.