Tres artículos sobre la corrupción en Colombia
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Foto: Gabriele Siegrist
LAS LÍNEAS ROJAS DE LA CIUDADANÍA CONTRA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN
Jaime Acosta Puertas
La discusión sobre la reforma a la salud se ha convertido en la gran discusión de los ilustrados, porque siempre una ciudadanía con problemas de educación - utilizada solo para ganar elecciones - queda en manos de las redes, de los fake de la oposición y de los medios que están a favor de los trimillonarios contrarreformistas que se han beneficiado de las leyes actuales por lo cual no quieren que se acaben los beneficios sin control logrados en gobiernos anteriores.
En estos días de reuniones entre partidos y gobierno en torno a la reforma de la salud, reuniones de las cuales solo se conocen titulares, los grandes medios se han dedicado a decir que el texto del gobierno debe incluir todas las proposiciones de los partidos “amigos”. ”. ”. ” ya la vez opositores del gobierno.
Son situaciones indignantes de la política y de la democracia representativa colombiana, una representación mentirosa, corrupta, mal formada por lo deformada, sin visión de largo plazo para el país, pero sí para ellos, en consecuencia, individualista y costosa porque no genera retornos positivos. . a la sociedad. Al final, la mayoría de sus decisiones son un favor de ellos. Los políticos han sabido armar leyes para ellos y para los intereses billonarios que representan, que no son los intereses de la sociedad sino de unos pocos, por eso el derrumbe institucional es total y fallida la democracia representativa.
Poco funciona bien en Colombia: desaforada corrupción como en el sistema de salud, cuando no es ineficiencia, intereses torcidos y baja calidad como lo indica la ingeniería colombiana en materia de infraestructura y obras públicas, el Inpeci perdiendo evidencias y liberando asesinos, la Fiscalía que no investiga sino que precluye y prescribe, la Procuraduría haciendo política y no control, el Congreso de la República que cree que su fin es destruir los proyectos que vienen del Ejecutivo Progresista, las Cortes obsecionadas en desatender, demorar o destruir lo que venga del presidente progresista, y sigue la interminable lista de desarreglos institucionales de los cuales hacen parte los grandes medios y los gremios empresariales.
Entonces, en este contexto, los políticos que defienden los intereses millonarios en un sistema de salud sin control de los dineros públicos que mal maneja, han propuesto prácticamente una reforma alternativa. Actitud arrogante, de mala índole e indignante de los mal llamados “amigos” del gobierno, que se han sumado al uribismo y al vargismo. Afortunadamente, en la Cámara de Representantes logró superar la tenaza opositora de la ultraderecha. Esperemos haber que sucede en el Senado donde un Presidente miserable y embalentonado por ser parte de un clan de corrupción de la costa Caribe, lleva las reformas a paso de muerto.
En salud y demás temas de interés nacional, estoy seguro que sin leer ni entender, los medios pagados por defender un sistema impuro y enfermo, no saben de qué hablan. En la madrugada les mandan lo que deben decir en la mañana y al atardecer lo que deben decir en la noche.
Quieren poner de rodillas al gobierno. Y el ministro no debe hacer la tarea de editor, porque significaría que su reforma es un error de principio a fin, lo cual no es cierto, como lo han dicho organismos internacionales y expertos nacionales, salvo los alquilados a Acemi, el gremio de las EPS.
Los partidos lo que deben hacer es ir al congreso a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Debatir con inteligencia y honestidad porque si la reforma a la salud no avanza en el marco de los cambios que propone el gobierno, los primeros en perder serán los congresistas a pesar de que los grandes medios estarán a su favor y no descansarán en echarle la culpa. . al gobierno.
Así las cosas, las líneas rojas de liberales, conservadores y de la U, no son las líneas rojas de la ciudadanía. Las líneas rojas de la gente son las líneas rojas del gobierno. Si Petro entrega la reforma a los partidos, la gobernabilidad del presidente habrá terminado, no le quedará más que el micrófono y un activismo político que agotaría a la nación, porque no habría gobierno.
Petro está haciendo un buen gobierno. Ninguna de las críticas a ciertas actitudes menores son determinantes en la gestión de la administración. Sus ideas resaltan en el espacio internacional. Lo escuchan como a ningún otro presidente colombiano han escuchado. Tal vez solo a Santos por la paz y nada más. Sus reformas también le gustan al mundo. Su capacidad y características como líder internacional, iguales. Va con una extensa y variada agenda a Estados Unidos, Europa y las reuniones de los distintos proyectos de integración de América Latina. Entonces ¿bajo qué ilusión negativa la oposición se imagina a Petro débil ya su gabinete también?
Tampoco veo a Petro entregando las líneas rojas de la ciudadanía, que son distintas a las líneas de los decadentes partidos opositores de la decadente oposición al gobierno. Las líneas rojas de la ciudadanía son las líneas rojas del gobierno en las reformas sociales.
¿CONSTRUIR SOBRE LO DESTRUIDO POR LA CORRUPCIÓN?
El centro de la discusión política son las reformas sociales que impulsa el gobierno del presidente Petro. Leí los textos iniciales de las propuestas de salud, laboral y pensiones presentadas al Congreso de la República. Después, ni haciendo un trabajo durante las 24-7, se puede hacer un seguimiento serio, porque son tantos los cambios según se le antoje a la inmensa dispersión de actores políticos, privados y de la academia para configurar unos articulados imposibles de concertar y así. . lograr la caída de las reformas.
Son las mañas de la corrupción y de la decadencia política contra la sociedad que los elegidos, para desgracia, como sus representantes. Al final la ciudadanía no sabe a quién elige, simplemente va engañada a las urnas para el simulacro electoral de una democracia fallida. Esos son los jefes políticos y los congresistas de la oposición al gobierno, y los congresistas “amigos” de la coalición que pretenden tumbar las reformas progresistas.
He leído textos de distintos actores con sugerencias adversas a las propuestas del gobierno, porque ideológicamente representan algo muy diferente a una visión progresista de la sociedad, pues obedecen a intereses billonarios de quienes no quieren que nada cambie ya que se tomó el cielo, el agua. . , la tierra y los poderes del Estado al amparo de la constitución de 1991 que entronizó un neoliberalismo desalmado y atrasado. Un texto constitucional vendido como un pacto social de los derechos, pero de derechos para capturar el Estado a cualquier precio.
Los opositores a las reformas dicen: “reforma sí, pero no así”, porque también dicen que “quieren unas reformas que beneficien a la gente”, dando a entender que los textos del gobierno son contra la gente. Además, expresan que desean unas reformas construidas sobre lo construido, como si los cimientos construidos no estén destruidos, por lo cual las reformas son inaplazables luego de treinta años de implementadas. Esas mentiras, repetidas una y otra vez se han convertido en verdades para incautos e ignorantes, aplicando la estrategia que el fascismo se inventó hace un siglo: repetir hasta que las mentiras se convertirán en verdad.
Al leer textos de “expertos” que critican las reformas, no son ideas para los articulados de las reformas, son ideas para la etapa de reglamentación. Es la razón por la cual se han duplicado los artículos de las reformas. De ahí se agarrará la oposición diciendo que lo mejor es volver a reunir a los que ya se han reunido, con el fin de estructurar nuevos textos que alarguen o acaben con la discusión de las reformas.
¿Qué hay detrás de tanta mentira contra las reformas?
Gigantescos intereses económicos se crearon desde la reforma constitucional de 1991, la reforma de los derechos, de los derechos de los grandes capitales para capturar recursos billonarios del Estado, recursos girados sin mayor control, que han derivado en decenas de decenas de decenas de empresas privadas. . prestadores de servicios de salud, de construcción, alimentación escolar, infraestructura, la lista es larga, que se roban dineros públicos, luego se quiebran y se van sin responder a nadie, puesto que el Estado termina asumiendo los impactos de la corrupción. Es el espíritu de una Constitución deformada: el mercado captura y saquea recursos públicos, la justicia no llega, y el Estado responde. Si se penalizaran sin tanta garantía las prescripciones, si automáticamente se sancionarán a los corruptos ya jueces y magistrados que los protegen, la corrupción sería infinitamente menor, y no una cultura que atraviesa a la sociedad de arriba hacia abajo, y de la ultraderecha al centro. . .
El paciente, subsidiado o del régimen contributivo, va de una EPS a otra, porque una tras otra las EPS desaparecen. Además, lo trasladan de IPS sin decirle nada. Se entera cuando se enferma o pide cita de control o requiere nuevo tratamiento, entonces se da cuenta que no lo atenderán los mismos especialistas y en la misma IPS, pues ahora debe ir a otros especialistas en otra IPS.
Por supuesto que las cosas medio funcionan, porque de lo contrario los negocios no eran posibles. En estas condiciones, las propuestas para ajustar los textos de las reformas son para ajustar los modelos sin afectar los intereses de los trimillonarios y otros negociantes que se adueñaron de las arcas del Estado.
Si el propósito de la oposición de conservadores, uribistas, y los liberales deleznables de Vargas y Gaviria es mantener lo construido, la concertación de la coalición del gobierno giraría en torno a la corrupción para alargar la captura indebida de recursos públicos en salud, infraestructura, energía y otros sectores. Unos más, otros menos, pero casi todos los sectores están dañados. En otras palabras, lo que busca la oposición y los “amigos” enemigos de la desbaratada coalición de gobierno, es continuar con el saqueo de los recursos públicos amparados en leyes que hicieron a la medida. No es el interés general el que los impulsa, es el interés particular.
El gobierno enfrenta en el Congreso de la República y en las Cortes a un enemigo de tres cabezas: la oposición a las reformas; la unión de las decadentes maquinarias políticas de la corrupción (Cambio Radical, uribismo, neoliberales de Gaviria, conservadores, la U, y verdes descaracterizados) para derrotar al Pacto Histórico en las elecciones de 2026; y las Cortes y las IAS (Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría) contra todo lo que decide y haga el gobierno progresista. Es decir, todas las desgracias de Colombia unidas contra la gente, el progresismo, el gobierno y el Estado.
La concertación y la coalición que debería ser.
La oposición de enemigos y de “amigos” al gobierno en el congreso, gremios, medios y “expertos”, no adelantan debates serios ni proponen una concertación o coalición en torno a los efectos sociales y los impactos económicos y políticos positivos de las reformas en el desarrollo de la nación con el fin de superar treinta años de angustia y de agonía neoliberal.
No hay concertación ni coalición aceptable para atacar la corrupción y hacer realidad la paz total. Ni concertación y coalición por la reindustrialización, la ciencia, la cultura, la educación, la innovación, las energías alternativas, las nuevas tecnologías, la justicia, ni por las autonomías territoriales.
El desarrollo sostenible avanzado no conjuga con la corrupción, el clientelismo y la ilegalidad en las esferas del poder. El atraso de Colombia en infraestructura es por ineficiencia y corrupción. Imaginémonos todo lo que habrá en el subfondo del Metro de Bogotá cuando el contratista no ha entregado los estudios por la Avenida Caracas y en las grandes obras de infraestructura.
La corrupción en la contratación pública privada pasa por tres etapas: en la primera comienza la obra; en la segunda continúa los trabajos, pero no se termina; y en la tercera se termina. En cada etapa hay un pico de corrupción entre políticos, gobernantes y contratistas. No importa el tamaño de la obra ni el tamaño del presupuesto, lo que importa es robar recursos del Estado. Es decir, la perfecta alianza de la corrupción, donde los jefes son los políticos, y los compinches los privados beneficiados.
IMPUNIDAD = CORRUPCIÓN
La Secretaria de Transparencia de la República de Colombia presentó un informe sobre la impunidad, tomando como referencia el periodo 2010 y un trayecto de 2023. La impunidad es consecuencia de la corrupción, por tanto, hay impunidad porque hay corrupción, y es tanta la corrupción que las cifras sobre los procesos que quedan impunes o viajan a la impunidad, son descomunales: de 57.500 denuncias, el 94% no tienen condena, sin captura el 90%, en indagación 77% (no presentan ni acusación ni imputación, es decir, están en la carpeta de archivados y día a día irán muchos a la papelera de la basura digital), y el problema es nacional porque la impunidad está por encima del 90% en todos los Departamentos, con casos que llegan al 99.5%, es decir , la impunidad perfecta con la corrupción y la ineficiencia perfecta.
Estas cifras son una suma de casos en la fiscalía y otros en los juzgados. Es decir, fiscales y jueces corruptos, fiscales y jueces qué por órdenes superiores tiene procesos en modo de pausa, y fiscales y jueces ineficientes. La metodología de sumar casos de una competencia u otra, no es relevante, solo para saber cuál es peor, y de ello deberá ocuparse la investigación, que debe incluir, no solo el nivel territorial, sino también el sectorial. Territorio por sectores, y veremos cómo: educación (infraestructura, alimentación); salud (todo el sistema); transporte (interminables proyectos que nunca se acaban porque la estrategia es fraccionar y dejar obras por fuera para justificar el siguiente, el siguiente y el siguiente contrato a nivel nacional y local); justicia (el Inpec, los jueces que precluyen o absuelven contra la evidencia de que hay delito).
Técnicamente, Colombia se puede definir como una sociedad corrupta, a más de violenta, a veces combinando los dos monstruos, en un contexto histórico económico que siempre ha sido rentista: primero con la tierra, y sigue la tierra en Colombia; y ahora con el rentismo financiero, desde el capitalismo de “libre mercado” de Hayek que fue el inspirador para que en 1947 se creara la Sociedad Mont Pélerin, que luego daría paso al club de Bildelberg, en 1954, donde los grandes multimillonarios del mundo. , con apoyo de políticos de derecha y ultraderecha, sobre todos los anglosajones, se tomaran el mundo para el “libre mercado” de empresas y banqueros de los países más desarrollados de occidente. [1]
Luego de Hayek vinieron Milton Friedman, Ludwig von Mises, Arnold Harberger, y otros, para afianzar el capitalismo del libre mercado, que de libre no tiene nada, porque los grandes poderes económicos lo que hicieron, a costa de los países en desarrollo, fue generar las condiciones normativas internacionales para preservar, consolidar y apoderarse de los mercados, y bloquear a empresas nacionales y las políticas industriales de países como Colombia, en el marco de tanto organismo internacional que ampara a los mega conglomerados, pero desprotege a los países atrasados en sus aspiraciones y esfuerzos por transformar su economía mediante el cambio estructural y tecnológico nacional para actuar en un mercado global.
Este capitalismo de libre mercado inspiró una base de corrupción que subyace en todas las acciones tendientes a capturar mercados y frenar todo esfuerzo o derecho de los países de menor desarrollo, especialmente, por eso los demandan grandes empresas extranjeras que han hecho mal las cosas, pero que están protegidos por normas transfronterizas que los países firmaron a través de nacionales que fueron cooptados para servir como sujetos funcionales a los dueños del libre mercado mundial. La corrupción de los últimos treinta años en Colombia, se da en este marco superior del modelo de desarrollo inscrito en la constitución de 1991, donde se sumaron el rentismo por la tierra y el rentismo financiero que engloba también a gigantescos conglomerados industriales.
De esta manera, la impunidad en Colombia está atada a la violencia y la corrupción de siempre, pero redefinida y repotenciada en los últimos treinta años por el capitalismo que por estos días tiene a Europa asándose a temperaturas que alcanzaron los 52 grados.
Ubicando a Colombia en ese contexto internacional que creo un sin número de flujos y de sistemas de corrupción amparados por leyes torcidas, volvamos al informe de la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, para decir que lo primero que harán los que se sientan involucrados, es que el número de jueces y fiscales es inferior al de otros países, lo cual puede ser cierto, y es parte de la trama para facilitar la impunidad que blinda a la corrupción. Los exfiscales Martínez Neira y Barbosa adelgazaron la nómina de funcionarios para ammparar la impunidad.
Pero no es un asunto de funcionarios de menor rango, es un asunto que comienza en decisiones de las instancias más altas del poder judicial y de los organismos de control que no tienen a nadie que los controle, porque están atados al poder político. Como hay un sistema económico inmoral, entonces, este necesita de un poder judicial funcional y de un sistema de control sin control. Un proceso en la Contraloría dura cuatro años, y cuando llega la decisión para la sanción, el funcionario o los funcionarios del delito, ya no están, y el producto de la corrupción se habrá evaporado.
O las decisiones que toma el Consejo de Estado quince años después de que un caso se radica en correspondencia. Entonces, los procesos que hacen parte ya han desaparecido en otras instancias.
El abordaje y la solución a esta patología social de corrupción = impunidad, más allá de medidas de corto plazo con perspectivas de largo alcance, debe conducir a una reforma de fondo al sistema político, al sistema judicial, a la hegemonía perpetua del esquema ideológico liberal. conservador causante de un eterno problema estructural que se fue degradando, incluida la eliminación física y la represión sin freno de cualquier proyecto progresista. Entonces, sucedió una acción articulada entre decadencia ideológica, en las ideas de acumulación, y culto a la corrupción cruzada de violencia, ambas cobijadas por una fuerza descomunal de impunidad que nunca ha dejado de estar, pero que fue creciendo hasta límites insospechados e insoportables que ha destruido valores y cualquier arreglo institucional para desarrollar en armonía a la nación.
Los factores endógenos están articulados y permeados por las reglas de juego de la sociedad capitalista del libre comercio del libre mercado, por lo cual se debe revisar lo firmado en materia de protección a la inversión, propiedad intelectual, y de política industrial multinacional contra las políticas. industriales nacionales de economías como Colombia, pero que países como Brasil, India, China, nunca firmaron. Detrás de la plataforma de barreras a una economía de equidad y equilibrios globales, están los grandes capitales mundiales y nacionales, sin códigos éticos porque han protegido prácticas éticamente inaceptables, económicamente inviables para construir una nación desarrollada, políticamente protectoras de una ideología sin elaboración positiva, que han derivado en esquemas de corrupción legitimados por la economía del “mercado libre”, que no tiene nada de libre para los países en desarrollo que no han sabido sacudirse y levantar banderas de autonomía, dignidad, honorabilidad y transparencia que les permite construir sueños que hicieron posible una nueva nación avanzada.
Las excepciones políticas, las excepciones empresariales, las excepciones intelectuales, las glorias de artistas, científicos y deportistas no alcanzan para estructurar una idea positiva de sociedad, cruzada por poderes de corrupción, violencia e impunidad, en expansión.
El código penal vigente, ley 906, creada en el primer gobierno de Uribe, ha sido el aval para la permisividad y expansión sin límites de la corrupción y con ello de la impunidad. Una ley hecha para darle garantías a los corruptos, que técnicamente le da elementos a los que deben impartir justicia, para que no lo puedan hacer. Un proceso puede ser eterno, sube y baja, va y viene, nunca se acaba hasta que precluye o se extingue en el calendario.
“LA GENTE DE BIEN” CONTRA EL ESTADO Y LA DEMOCRACIA
El poder económico se ha beneficiado del modelo de mercado a través de una estrategia de largo plazo que le permite la captura dolorosa e indefinida de rentas del estado. Un modelo perverso se perfeccionó en la medida que los gobiernos neoliberales de ultra y de derecha se apoderaron de los tres poderes del estado y de los organismos de control.
Con el triunfo del progresismo, el poder económico y político tradicional, a pesar de su incapacidad y decadencia absoluta, le declararon la guerra, desde el primer día, al gobierno y en particular al presidente Petro. Los grandes medios, de propiedad de los poderes en crisis, sirven de fuerza de choque por medio de la mentira, la manipulación, la mezquindad y encuestas tramposas.
El presidente y el gobierno están solos contra los poderes eternos. Pero, la comunidad internacional y la gente de medianos y bajos recursos se han dado cuenta de esa guerra infame y sin pausa del “golpe blando”, por lo cual la favorabilidad del presidente se conserva en un punto alto.
Suponiendo que le falta ejecución al gobierno, entendiendo que Duque nombró en los últimos meses a millas de uribistas y opositores al nuevo gobierno, por lo cual una ineficiente burocracia producto de su papel secundario en los factores que podrían hacer de la productividad, la equidad y la sostenibilidad los que lleven tranquilidad a la ciudadanía y al campesinado, obstaculizando la ejecución del cambio que necesita Colombia. Un torcido modelo de mercado se opone a todo proyecto de cambio si este no hace parte de la agenda del poder económico y político para sustentar recursos públicos.
Batalla por la Fiscalía
Es tan desbordante la corrupción en este organismo, que le querrían cerrar al presidente el paso para nombrar una terna de la cual resulte un fiscal que inicie un proceso de depuración, resultados y reestructuración. El presidente no puede ponerle a Colombia un tibio fiscal que haga un trabajo sobre qué procesos deben avanzar y cuáles desaparecerán en el congelador de la impunidad. Un fiscal más o menos transparente, más o menos buen jurista, más o menos buen penalista, no le sirve a Colombia, y menos si proviene de la saga de corrupción y crimen de las últimas dos décadas.
La Fiscalía y la Procuradora trataron de impedir que el presidente escogiera la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia, porque dicen que está impedido para actuar con imparcialidad por el caso de su hijo, a pesar de que siempre ha dicho que respetará las decisiones. de la justicia, por eso también ha solicitado un fiscal ad hdoc para el proceso de su hijo.
El afán por capturar a Nicolás Petro era bloquear el nombramiento de la terna para fiscal. Al neutralizar al presidente asumían que otra instancia ternaría candidatos amigos de la corrupción y el crimen, o la oscura vicefiscal Mancera podría quedar por mucho tiempo mientras amparada por la inacción sospechosa de la Corte Suprema hace la tarea a favor del crimen y la corrupción, con lo cual la impunidad seguiría mandando y creciendo, porque una falla estructural en la ética del Estado atada a una falla estructural en la ética del mercado, no tiene límites hasta tanto un proceso ciudadano le ponga fin a la decadencia.
El caso del cartel del petróleo entre “la gente de bien” y Ecopetrol lleva ocho años en la Fiscalía
Bien hace el presidente al pedir que se investigue si funcionarios de Ecopetrol han participado en las exportaciones clandestinas de petróleo provenientes de Venezuela, por cantidad que supera los 400.000 millones de pesos. El presidente tiene razón, porque es imposible que ese negocio se hubiera hecho sin Ecopetrol, porque al final la petrolera es la que permite el transporte de crudo por lo cual debía aplicar controles con tecnología electrónica y digital. Mínimo la empresa encargada del transporte del crudo debía saberlo, en consecuencia, sus resultados también pasaron por la presidencia y la junta directiva de Ecopetrol.
Un sistema de control electrónico era fácil y necesario de implementar para monitorear el flujo del crudo desde un punto X en Colombia hasta el lugar de embarque.
La corrupción en torno a la producción de petróleo o de combustibles, no es nueva. Hace años se intentó poner un seguro electrónico en cada carro tanque que transportaba gasolina. Al poco tiempo, la medida se suspendió. Las directivas de Ecopetrol tenían que saber que había un robo sistemático de combustible, porque jamás les podían cuadrar las cuentas entre combustible producido y combustible distribuido. Había una gran cantidad de gasolina que se evaporaba por obra y gracia del espíritu santo que protege a la “bendecida gente de bien”. Dicen que ninguna sustracción de petróleo o gasolina era posible sin ayuda de la DIAN.
Este tipo de robos, y muchos otros, ocurren por recurso humano ineficiente y corrupto, asociado al no uso o mal uso de tecnologías de control. En todo el mega sistema de focos de corrupción siempre fallan los instrumentos de control: humanos y tecnológicos. A la ciudadanía le repugna que “la gente de bien” se robe petróleo y todo lo que se le antoje, porque los “privilegiados” hicieron del modelo de mercado un sistema de políticas, estrategias, programas y proyectos, para sustraer bienes y dineros públicos. .
De manera deliberada, desde el primer día del gobierno de César Gaviria, ese fue el objetivo, por eso se privatizaron activos públicos aprovechando la mala administración de algunas empresas del Estado. Lo que no han podido privatizar es porque han estudiado la cantidad de Estado requerida para distraer y hacer funcional el modelo de captura de rentas públicas. Si el mercado se roba un sector y deja un hueco, ese hueco lo cubren las empresas públicas del sector.
“La gente de bien” dice que algo de Estado es bueno y necesario, como sofisma de distracción o para amortiguar los desfalcos del Estado por el mercado. Es tan anómalo el modelo colombiano “de la gente de bien”, qué en momentos de incertidumbre y crisis del modelo económico global, sobre todo de occidente, que organismos internacionales y gobiernos de otras naciones apoyan las reformas sociales y económicas del gobierno progresista liderado por Gustavo Petro.
“La gente de bien” siempre tiene una razón para sostener una porción del mercado en manos del Estado. Dejan una EPS, un fondo público de pensiones, unas pocas universidades públicas y hospitales públicos, unas escuelas y colegios públicos, una empresa de aviación para ir donde las empresas privadas no van.
La baja calificación y calidad de todos los factores inteligentes y funcionales a una economía eficiente, diversificada, sofisticada, productiva, innovadora, inteligente, emprendedora y territorialmente autónoma, se deben a que los multimillonarios “de la gente bien” no tienen a estos factores del desarrollo en el frente de sus intereses, objetivos y conocimientos. Su nivel intelectual es bastante bajo.
Un modelo inteligente para Colombia, como los de López Pumarejo y Lleras Restrepo, como los de países avanzados, y como los emergentes de Asia, no le interesa y no le gusta a “la gente de bien”. Siempre han querido acabar con el Estado -no reestructurarlo ni modernizarlo-, para asaltarlo. Desde Misael Pastrana se fue desmontando el modelo de industrialización, exportaciones y de desarrollo social que había iniciado Lleras Restrepo, por lo cual también asesinaron a Galán. La captura del Estado mediante las privatizaciones se preparó de manera abierta y decidida desde Barco. Gaviria terminó siendo el elegido para la odisea neoliberal que acabó con el Partido Liberal. Treinta años después el “país de la gente de bien” está colapsado por las malas políticas y una pandemia de corrupción desaforada.
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