LA ECONOMÍA COLOMBIANA PIERDE EL 

RUMBO

Foto: Gabriele Siegrist

Las noticias de las últimas semanas se asemejan a las de un país en emergencia. Son problemas internos antes que externos y desnudan fallas institucionales, del mercado y del estado. Sin embargo, esta situación también la viven Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y otros países latinoamericanos, por factores distintos pero del mismo origen: la economía que vino después de la caída del muro de Berlín.

De esa manera, un capitalismo de mercado, sin oposición en el planeta, abandonó la agenda del bienestar para todos y la de un mundo más equilibrado con oportunidades de desarrollo para los pueblos de todos los continentes. Se equivocaron, porque está emergiendo una ola de indignación que está llevando millones a las calles porque no hay como sacarle más plata a la gente y porque los sueños de un futuro mejor no son para la mayoría. La protesta será cada día mayor pues los problemas que la motivan no pueden solucionarse con las ideas de las últimas tres décadas. Además, las nuevas tecnologías permiten al instante saber qué pasa en el mundo y de esa manera es posible crear respuestas en segundos y movilizar en horas o en pocos días a millones.

Colombia lleva treinta años con el actual modelo de crecimiento, funcional a toda actividad productiva de corto plazo, legal e ilegal o la combinación perfecta de ambas, producto de que la constitución de 1991 no emana un mandato claro para construir un desarrollo de largo plazo: sostenible, equilibrado, disruptivo, inteligente y organizado. Las noticias recientes son malas, porque denotan desesperación, mezquindad e irresponsabilidad de los malos tecnócratas, de los malos políticos y de los malos empresarios, pues parecen estar en contra de la gente.

Hay angustia, por eso un día le disparan a las pensiones, otro a la flexibilización laboral, otro al dólar, otro a la venta de ISA y de Ecopetrol, otro a la paz, otro a líderes sociales, se tramitan mal las leyes, mientras la corrupción y las economías ilegales siguen campantes y la agenda de desarrollo de largo plazo continúa aplazada. Veamos cómo veo esta crisis que ya está encima de la mesa.  

Pensiones. Los interesados en este meganegocio del estado están circulando propuestas para acabar con la prima media y equiparar a Colpensiones con los fondos privados que estafaron a millones de colombianos con la letra menuda. Sin embargo, Duque salió a decir dos o tres cosas para bajar la tensión, no obstante las intenciones no son buenas y pueden generar una enorme reacción social porque la inmensa mayoría de la gente (digamos un 80%) del 23% que tienen pensión, no le pueden ajustar más el ingreso ya que una parte importante de los que no tienen jubilación dependen de ellos, y además a la mayor longevidad no se la puede tratar con precarización e injusticia. En Brasil, el 80% de la población se jubila, y en Argentina y Chile, más del 63%. En Colombia, solo el 23%, con base en información de la CEPAL. Es el fracaso del estado en materia de política social y económica de Colombia.

Además, Colpensiones subsidia las altas pensiones de la minoría más rica. Es decir, el modelo de cargas mal repartidas se reproduce y va en contra de cualquier tendencia que apunte a un bienestar general. El modelo de pensiones de los fondos privados fue deliberadamente perverso y quienes lo defienden los identifica una inconsciencia social y humana absoluta.

Con tal de hacer un ajuste de corto plazo (igual esquema a las reformas tributarias de cada dos años), se dice que la edad de jubilación no subiría, error, porque significa que están más preocupados en cuadrar la caja inmediata y no mirar integralmente y a largo plazo una realidad que debe partir de una reflexión superior. Se debe subir la edad de jubilación de los hombres a 65 o 67 años y de las mujeres a 60 o 62 años, considerando que ellas han llevado la gran carga de la guerra y el abandono de los padres cuando han tenido hijos. Aquí no cabe el principio de equidad que es un concepto bueno en la teoría pero perversamente aplicado en Colombia, en este caso para equiparar los dos géneros, o como sucedió con el “principio de igualdad” cuando no se pudo reducir del 12 al 4% el aporte a salud en las pensiones menores, porque los congresistas también querían que a ellos los cobijara la medida. Afortunadamente Santos tumbó esa ley porque abría un hueco fiscal adicional.

La extensión de la edad de jubilación debe acompañarse de reformas para extender la vida útil de las personas en el contexto de una nueva economía que se transforma día a día y que modifica el mercado laboral a gran velocidad. Además, porque se deben pensar nuevas formas de vida que vayan más allá de ver vitrinas, llenar el estómago con comida chatarra, y sentarse a tomar café en los centros comerciales: la sociedad superficial de la actual economía de mercado.

Flexibilización laboral. El empresariado, en su interés de flexibilizar aún más a la baja los salarios cuando el desempleo nuevamente está en dos dígitos, es una idea de ANIF, agencia de pensamiento de Luís Carlos Sarmiento, que salió con la espantosa propuesta de que el primer salario para jóvenes entre 18 y 25 años sea el 70% del salario mínimo. Es un sin sentido en la sociedad del conocimiento y de un país con productividad negativa y gran inequidad. Deberían los de ANIF bajarse un 30% el sueldo, todo el staff de Sarmiento y de los gremios que defienden esta propuesta, y poner esa plata en un fondo con el fin de promover el empleo calificado y la innovación para mejorar la productividad, porque el problema está ahí: en las empresas, en las organizaciones, en los presidentes y gerentes, en las políticas públicas, y no en los jóvenes. Duque dijo que no apoyará la iniciativa de ANIF.  

Ley de financiamiento. Se cayó por un manejo mañoso del Ministro y Viceministro de Hacienda. La Corte Constitucional actuó correctamente. Sin embargo, para evitar un temblor institucional le lanzó un salvavidas extendiendo la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre, para que el gobierno y el congreso hagan el trámite de manera pronta y correcta. Sin embargo, será una reforma cuyo balance económico será negativo porque otorga 9.5 billones en exenciones de impuestos a las empresas, y se recaudan solo 7.5 billones. En otras palabras, la ley viene con un hueco fiscal escondido, por eso calificadoras de riesgo dicen que es una ley de suma cero, y serios analistas del patio, también.  

La educación a pagar deudas del estado. A última hora el congreso y el gobierno le metieron un mico al presupuesto general de la nación, al quitarle una parte del presupuesto a la educación superior para pagar las demandas que el estado ha perdido por culpa de malos administradores públicos. Es decir, los jóvenes pagando los errores de los adultos. Esto va a enfurecer a los estudiantes y a los padres que sólo pueden educar a sus hijos en instituciones públicas.

Cuentas internacionales en rojo y creciendo. Un déficit en las cuentas internacionales ha despertado la preocupación de los gremios y de un gobierno incapaz de repensar y relanzar la economía en un entorno económico global incierto y en transición a una economía desconocida. En últimas, el gobierno no tiene plata. Uribe se gastó lo que se ahorró de la bonanza petrolera, y Santos raspó la olla.  El endeudamiento externo es cada más grande, pero la productividad es cada vez menor - dos fuerzas que chocan como trenes -, porque no existe un proceso sostenido desde el estado para la diversificación, sofisticación, y el avance a sectores de alta tecnología y a las industrias 4.0. La alta tecnología, las 4.0, y pronto las 5.0, mejoran la productividad de sectores estratégicos existentes y desarrollan nuevos, y tienen efectos regadera en la economía y en la sociedad, por tanto, ahí están las principales fuentes de empleo calificado, de emprendimientos disruptivos y de alto impacto social y tecnológico, las capacidades en investigación y desarrollo para elevar la productividad, y los mayores ingresos del estado con el fin de tener altas tasas de inversión.

El desequilibrio externo sucede porque se desindustrializó deliberadamente el país, puesto que en treinta años no se ha tenido una buena política de desarrollo productivo. Además, las políticas que la complementan: educación, ciencia, tecnología, innovación, y desarrollo regional, han sido insuficientes y nunca en tres décadas han respondido a las necesidades de desarrollar la nación, porque han sido secundarias. Son políticas sectoriales desconectadas unas de otras y con otros sectores, razón de un crecimiento perpetuo entre el 2 y el 4% anual.

Devaluación y baja productividad. Haciendo una caricatura para el lector, el 50% se debe a factores externos y el 50% a la baja productividad de la economía. La devaluación si bien favorece las exportaciones, su impacto en el cambio estructural de la economía, en el empleo, en la innovación y en los ingresos de la nación, queda neutralizado, porque al tener un sistema productivo deficitario en el desarrollo y producción de tecnología, la importación de bienes de capital y de insumos resulta costosa, pues no pueden ser sustituidos ni hay estímulos para elevar la capacidad endógena de producción, investigación, innovación y emprendimiento.

Con una de las devaluaciones más aceleradas del mundo, esa tendencia parece que no se podrá interrumpir, estimulando las economías ilegales exportadoras que dan respiración artificial a la economía formal. Entonces, los incentivos tributarios a las empresas quedan neutralizados porque estas se ganan una plata pero la economía no gana en productividad puesto que no hay objetivos ni acuerdos estructurales focalizados y de largo alcance para llevar la economía a umbrales más altos de progreso.

Cuando fui uno de los consejeros nacionales del estudio de la OCDE para la política de desarrollo productivo de Colombia, señalé la importancia de que esta política tuviera focos estratégicos en el orden nacional complementarios a los que tienen las regiones, para que los dos niveles se reforzaran mutuamente. Al final no sé qué sucedió. Sin embargo, cuando se termine el actual proceso de construcción de las agendas sectoriales que coordina la vicepresidencia de la república, se podría entregar una política más inteligente, porque las políticas transversales no han sido ni serán jamás suficientes ni hacen posible la coordinación entre sectores que no son de las mismas características. Usar únicamente el enfoque de políticas transversales, es poco inteligente y no requieren de ningún esfuerzo intelectual importante, pero si frenan el desarrollo de las capacidades de una economía.               

En el libro de Guillermo Perry (q.e.p.d.), Decidí Contarlo, es posible encontrar la explicación de lo que digo en esta columna. A más de interesantes anécdotas sobre la política, el poder, y el manejo del estado desde el gobierno de Lleras Restrepo hasta el de Iván Duque, las políticas económicas y la concepción que en ellas subyace, con excepción de las del gobierno de Lleras (abortadas en su mayoría por celos de Misael Pastrana, algo que también ocurrió con Andrés Pastrana y con Uribe contra Santos), que nadie luego retomó con brío y ambición para convertirlas en potentes y prolongadas políticas de estado, pienso lo siguiente con base en el libro referido.

En líneas generales ha existido un predominio de la política macroeconómica, como si el buen manejo de sus variables claves sustituyera las políticas de desarrollo, y no fuera más bien componente principal de las mismas sobre todo de una poderosa política industrial para desarrollar la economía, la sociedad y el estado. Toda nación requiere de una buena política macroeconómica, pero son las políticas que hacen avanzar la producción, la inteligencia, el emprendimiento y los territorios, las que hacen avanzar las naciones. La política macroeconómica provee estabilidad y recursos para el desarrollo pero no hace el desarrollo.

En ningún país serio con objetivos claros de largo tiro, al menos desde la segunda posquerra mundial, la política industrial ha sido sustituida por la política macroeconómica como ha ocurrido en Colombia desde la apertura de Gaviria, cuando se dijo que la mejor política industrial era una buena política macroeconómica. Esta monumental barbaridad conceptual y de economía política, es la culpable de las angustias de estos días, y obstáculo para concebir reformas con visión, sólidas, sistémicas y prolongadas.

Esa equivocada “superioridad de la política macroeconómica ” ha incidido para que las políticas sean de gobierno y no de estado, porque al no haber objetivos superiores de largo alcance, como las relacionadas con la transformación productiva (nuevas industrias, nueva agricultura, nueva minería, nuevas energías y nuevos servicios), la formación de recursos humanos, el avance de la ciencia y de la tecnología, y ahora también la preservación del medio ambiente, las nuevas energías, los sistema de movilidad sostenibles, más una salud preventiva antes que curativa, es la razón para entender porque Colombia ha sido hábil para crecer a un promedio mediano durante tanto tiempo, pero sin bases fundamentales y de política para crecer a tasas más altas en el futuro.

Adicionalmente, la preponderancia de la política macroeconómica sobre las demás políticas, es la razón  principal mediante la cual se tiene un estado reactivo, reprimido y por tanto inhibido – aunque si arrojado a la corrupción y débil cuando no condescendiente con los violentos -, para implementar políticas de largo alcance e intervenir en el desarrollo de actividades de alta tecnología que son de infinito potencial innovador.

El estado emprendedor, como lo entiende Mazzucato y tantos pensadores desde comienzos del siglo XX, en Colombia no se da. Existió de manera efímera entre 1966 y 1970, y luego hubo intentos esporádicos en uno que otro gobierno, porque el estado no fue reestructurado para llevar al país al desarrollo, sino que fue sustituido por un deficiente modelo de mercado. Una contra evidencia en la historia reciente del progreso económico de la humanidad, donde la complementariedad y el trabajo distribuido, compartido y conjunto entre estado y mercado ha sido la norma que hace posible los milagros económicos. Entonces, la economía colombiana se ha pensado y puesto en marcha con el 49% de la teoría y de la evidencia, y el 51% restante ha quedado en la papelera.

Colombia, en los últimos largos años ha tenido en estos campos dos economistas de prestigio internacional, en su orden, José Antonio Ocampo y Guillermo Perry. Ellos, desde los lugares de conducción que ocuparon en organismos internacionales, impulsaron la reflexión sobre la importancia de la transformación productiva, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, del conocimiento y de la integración de América Latina. Afortunadamente Ocampo continúa con esta preocupación  intelectual, como una de las mentes más lúcidas del desarrollo latinoamericano. 

     

Termino con una conversación que tuve con Guillermo Perry. Cuando regresó del Banco Mundial le pregunté porque no había vuelto a escribir sobre política industrial, ciencia, tecnología e innovación. Me respondió: “en Colombia no interesa”. Esto se refleja en su libro, pues sólo en tres páginas de las más de quinientas que tiene, alude a la importancia de poner en el frente de la agenda la productividad, es decir, el pasaporte a una sociedad del futuro.  Sorprende, porque años atrás había escrito bastante sobre la materia en coautoría con otros expertos internacionales.