HACE CUATRO AÑOS HABÍA UN SUEÑO AHORA NO HAY 

NADA

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Foto: Gabriele Siegrist

Cartagena, Colombia, septiembre de 2016, firma del acuerdo de paz.

El país estaba expectante por la firma del acuerdo con las FARC, aunque polarizado entre las voluntades del SI a la paz y la maquinaria uribista de fake news por el NO.

Por ingenuidad, equivocaciones de Santos, aletargamiento de los partidos, inconciencia de los jóvenes, en fin, por falta de liderazgo, de conciencia política y ciudadana, e insolidaridad con ocho millones de víctimas y cientos de miles de muertos, el Sí perdió por cincuenta mil miserables votos tramposos.

Lo que se firmó en el Teatro Colón dos meses después, gracias al Nobel, ya no fue lo mismo para la ciudadanía. De lo más valioso que se preservó fue que el acuerdo se enmarcó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, razón de la furia de Uribe, de terceros victimarios, y de seguidores vinculados a la barbarie de tantos años.

Bogotá, agosto 7 de 2018, paz con legalidad volver trizas la paz

Es difícil entender que quiere decir Duque cuando habla de paz con legalidad, puesto que no puede haber paz con ilegalidad. Es como si a un personaje culpable de fraude procesal y de crímenes de lesa humanidad, la justicia, llámese Corte Suprema, Fiscalía o Corte Internacional, lo absuelve, precluye o alarga los términos para dejar prescribir sus crímenes contra la humanidad.

Por ningún lado del acuerdo de paz se puede inferir ilegalidad, es decir, que esté por fuera de la constitución y las leyes, y del ordenamiento jurídico internacional. En cambio, paz con legalidad bajo el discurso uribista solo es entendible con volver trizas la paz. Es lo que ocurre desde hace dos años, haciendo lo mínimo para mostrar la imagen de que se está cumpliendo, engañar a ignorantes, humillar a las víctimas, fallarle a los desmovilizados, no hacer justicia y mentir a la comunidad internacional.

La paz con legalidad volver trizas la paz, resulta en cientos de líderes asesinados, de excombatientes acribillados cuando el estado se comprometió a protegerlos, jóvenes masacrados, jóvenes agredidos en los CAI, mujeres violadas, torturadas y desaparecidas, periodistas y analistas perfilados por una oficina clandestina en la inteligencia militar, vándalos prefabricados para justificar la represión contra la legitima protesta por la pérdida de derechos, bienestar, oportunidades, seguridad, en últimas, protesta por falta de democracia, estado, justicia y equidad.

Colombia, septiembre de 2020, sin rumbo y desestabilizada

A los cuatro años del acuerdo el país está en situación de desestabilización desde el gobierno y su partido, producto de un discurso incendiario del líder preso y de sus furiosos seguidores.

La reforma rural aplazada: el mayor incumplimiento al acuerdo.

Se necesitaba un plan de desarrollo rural al 2030. Sin embargo, no está en la visión y en las acciones del gobierno Uribe III, para adelantar un proceso mediante el cual el campo sea de empresarios y de campesinos propietarios con el propósito de lograr un desarrollo sostenible con equidad, productividad, en paz y con bienestar.

El covid era la oportunidad para impulsar el cambio rural, pero nada importante hará este gobierno porque ya debería estar diseñado y puesto en marcha un plan al 2030. La única reforma rural que está haciendo Duque es la de los baldíos que eran para el campesino pero que ahora serán para grandes terratenientes a través de una ley que agazapada hace tránsito en el congreso, como si ese modelo no fuera el culpable de setenta años de tanta desgracia, porque ese proceso de acumulación no derivó en más productividad, bienestar y felicidad, sólo en terror, acaparamiento y atraso.

El covid es la oportunidad del campo hacia una autosuficiencia alimentaria, desarrollar las zonas del conflicto donde están asentados los excombatientes esperando que el estado cumpla, pero no, retornó la muerte al campo. Insólito, a más pandemia más masacres.

La economía, salvamento sin norte

Hay un plan de reactivación económica del gobierno bajo el supuesto de salvar empresas y empleo en una economía que equivocadamente se cree que volverá a ser igual, cuando no será así. Se debió hacer al mismo tiempo el plan de reactivación y otro de reestructuración o de reinvención para una profunda transformación productiva (cambio estructural), porque la economía mundial venía ralentizada desde antes del covid aunque ya se avanzaba y conversaba sobre un cambio del capitalismo neoliberal de mercado. 

Dos agendas paralelas que significaba pensar rápido y actuar rápido. Pero Duque se quedó con la primera y los gremios y empresarios no le han pedido la segunda, tanto que el ministro Restrepo solo habla de comercio y turismo, poco de industria y nada de cambio estructural, porque ese concepto no está en su matriz de conocimientos. Es como si hubiera un pacto solapado con importadores y franquiciadores, modelo empresarial que no tiene efectos de derrame positivos en la economía por sus débiles encadenamiento dado que el valor agregado – innovación constante y profunda - se hace en las casas matrices y no en Colombia. Es el producto de los TLC.

La rápida redinamización de Asia se debe al cambio estructural, a una capacidad creciente de innovación y a una matriz cultural de acelerada y disciplinada respuesta. Sus economías ya están en la senda de crecimiento positivo, y occidente nuevamente dependerá de lo que haga China y no de lo que el hemisferio pueda hacer, con un Trump que no sabe cómo armar conflictos para ver si su aparato de guerra relanza su economía. Ojalá gane Biden, ojalá.

La Corte Suprema de Justicia define el futuro de Colombia

Cuando el país valoraba la decisión de la Corte al declararle a Uribe medida de aseguramiento por fraude procesal, las leyes 600 y 906, con vacíos inexplicables como sucede con todas las leyes hechas para que la impunidad triunfe, llevaron el expediente a la Fiscalía y de ahí a una jueza de garantías para decidir el futuro del desaforado. La Sala de Instrucción que había actuado con rigor hasta cuando era senador, reculó y se contradijo, porque remitió a la Fiscalía el expediente con una carta sin vergüenza del presidente de la Sala de Instrucción, diciendo que no había mérito de nada, a pesar de que pocos días atrás la misma sala le había decretado medida de aseguramiento. ¿Por qué cambio de la noche a la mañana?

Una valiente e inteligente jueza devolvió el expediente para que la Sala Plena de la Corte decida de una vez por todas varias cosas: la ley bajo la cual debe ser decidido el juzgamiento del detenido, y a quien corresponde continuar el proceso, porque hay un vacío normativo que se debe zanjar pues es inaudito que un expresidente de la república, exalcalde, exgobernador y exsenador, no sea procesado por el superior jerárquico. Es a la Corte, por sentido común, por coherencia procesal, por solidez institucional, la que debe definir su futuro legal por delitos penales y acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Es evidente que si Uribe no mete las patas poniendo una denuncia al senador Cepeda recurriendo a falsos testigos, inventados por él y solo por él con el abogado Cadena, el país no recordaría que los crímenes de lesa humanidad estaban en el cuarto del olvido, dejando pasar el tiempo hasta que el señor se fuera de este mundo, y sin que nada tampoco hiciera la Corte Penal Internacional porque hasta tanto la justicia nacional tenga los casos en proceso, no interviene.

Sería una burla y aumentaría la desestabilización  y la anarquía que se siente, que el expediente Uribe volviera a la Fiscalía o a la Jueza para definir su libertad. Eso despertaría una mayor indignación nacional e internacional, caso en el cual los archivos desclasificados de la CIA seguramente se convertirán en pruebas de un caso judicial internacional, entonces Él sería extraditado. Así mismo, la Corte Penal Internacional le haría juicio por crímenes de lesa humanidad, ante la ineficiencia, burla e impunidad de la justicia de Colombia.

La justicia y la Corte no pueden poner el expediente Uribe a pasearlo hasta lograr la preclusión en manos de un Fiscal investigado por corrupción en la misma Fiscalía, o por vencimiento de términos, arrasando con la verdad a la que tienen derecho las víctimas, Colombia y el mundo, porque la globalización no sólo es económica, es en todos los órdenes, y debe erradicar problemas como el que ocupa y desestabiliza al país y a la región. Es decir, bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón la justicia no se puede poner en contra de las víctimas, de la constitución y de las instituciones. Es decir, contra el Estado de derecho.