COLOMBIA NECESITA UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL

“la protesta de la necesidad es atendida a bala por el poder”

Foto: Gabriele Siegrist

Cuando sucede una protesta nacional sobre tantos problemas, uno se pregunta dónde se originan tantas fallas institucionales y en las políticas del Estado. Al final, provienen de la Constitución Nacional, de la vulneración de sus principios y de su articulado, de malas reglamentaciones, de peores modificaciones, y muchos desarrollos pendientes que en treinta años ya era tiempo de haberlos adelantado.

Dicen que la Constitución es buena y solo hay que cumplirla. Hace tiempos creía lo mismo, me emocioné cuando recién la promulgaron, ahora no.

La he revisado en estos días y me parece que la dañaron las más de cuarenta enmiendas que ha sufrido, excepto las reformas del acuerdo de paz.

Lo ganado en derechos se pierde por la neutralidad y precariedad de un marco neoliberal ambiguo, falto de contundencia que hace inviable un proyecto nacional de desarrollo de muy largo plazo. Además, es un texto de un santanderismo desenfrenado que sumerge a la nación en un sistema de telarañas jurídicas en las cuales está enredada.

La explosión social que vive Colombia, parece como si todo se hubiera desbaratado, que poco o nada sirve o si lo que sirve queda rebasado por lo que no sirve. Al ver esta protesta multidimensional es imposible no pensar en las reformas que se deben hacer. Y si se hace un ejercicio capítulo por capítulo artículo por artículo se llegaría a un paquete más grande que incluiría revisar los principios que la rigen.

Las reformas deben comenzar por los tres poderes y los organismos de control, la policía, la descentralización para avanzar a la autonomía de las regiones o su federalización, el ordenamiento de los territorios con un urbanismo sostenible, los sectores de salud, educación, ciencia y tecnología, orientar una potente política de desarrollo productivo, la reforma agraria y de la ruralidad, fortalecer los bancos nacionales de desarrollo, poner en orden los oligopolios y la banca privada, una definitiva reforma tributaria, sin olvidar por qué no se cumplen mandatos sobre el derecho a la vida, las relaciones internacionales, el medio ambiente, y el narcotráfico.

Este u otro paquete de reformas no se logra reformando la actual constitución por varias razones: primero, porque tiene problemas que la atraviesan de principio a fin; segundo, porque la democracia representativa ha muerto; y tercero, porque una profunda reforma no se puede hacer con la desastrosa clase política que domina el congreso. Colombia debe transitar por la senda del proceso de Chile.  

Con la actual Constitución, Colombia no tiene un instrumento orientador para superar los problemas que la azotan y alcanzar el desarrollo que necesita y merece. Con la Carta del 91 se ganó en muchos derechos, pero no para lograr un desarrollo armónico, nítido, avanzado, equilibrado, equitativo, sostenible, innovador, pacífico e iluminador.

En materia de desarrollo económico, solo la agricultura aparece es un sector estratégico, aparentemente bien concebido, en la práctica no por razones del conflicto, narcotráfico, feudalismo, y la competencia internacional vía los TLC. Los demás grandes sectores, industria y servicios, no existen, la productividad y la competitividad se despachan en una línea, y carecen de una nítida asociación con la educación, ciencia y tecnología, porque en el modelo económico las políticas de estado para avanzar a un desarrollo económico avanzado, quedaron sujetas a la mala idea de que la mejor política productiva es una buena política macroeconómica. Asimismo, quedan cortas las responsabilidades de una economía de mercado en relación con la equidad y sus respectivos compromisos y equilibrios sociales.

El levantamiento ciudadano ha ocurrido porque es una Constitución que ha sido asaltada para satisfacer las ambiciones de unos desaforados privilegiados.  Situación que derivó en la captura del Estado por los trimillonarios, para lo cual se estructuró un sofisticado sistema de generosidades ilimitadas para proteger el asalto perpetuo a los dineros del estado.

Generales muy bien pagados, las Cortes también, los políticos ni se diga, las entidades de control por supuesto, Fiscalía no escapa, los presidentes de la república, algunos ministros, alcaldes y gobernadores, y las cúpulas de otras tantas entidades públicas, derivó en una cantidad de regímenes especiales. Así construyeron una fortaleza en cuyos alrededores los demás viven para ellos y de lo que les dejan una vez los privilegiados arrasa con los recaudos de la nación.

Entonces, hay una minoría muy poderosa que está blindada por favores cruzados para abusar de los recursos públicos. Por eso unos eligen a otros y otros a unos. De esa manera, a la ciudadanía le sacan plata vía IVA y otros impuestos, para financiar los poderes corruptos que succionan al Estado. El componente de inequidad que desbordó la copa, fue precisamente el desquiciamiento con las reformas tributarias del 2019 y del 2021. No contentos con los trillones extraídos de las arcas públicas durante treinta años, querían más y más, y Duque les dio billones que algunos quieren devolver para parar la protesta. Hacen bien.        

Así, el Estado necesita reformarse, por tanto, implica una nueva Constitución mediante un proceso como el de Chile, donde, de la protesta salió la decisión de hacer una nueva constitución, de ahí el plebiscito y las elecciones para elegir a quienes la reformarán.

En Colombia debe ser igual, porque el Congreso es corrupto, sin ética ni sentido democrático, humanitario y sin visión de nación y de futuro, como se acaba de ver con la caída de la moción de censura al ministro de defensa. El gobierno repartió dádivas y los partidos de la corrupción y de la represión negaron la retirada del ministro de defensa, sin importar los jóvenes asesinados y desaparecidos. Una magistrada rechazó una testigo de las victimas del caso contra Uribe, para ello se tomó el tiempo que le dio la gana, algo que en dos días resolvió la jueza de conocimiento. Esa magistrada, con una pobre hoja de vida, esperó el momento preciso en medio de la protesta para avanzar en la impunidad de Uribe, cuyo rechazo es el coro preferido de la protesta.    

Colombia necesita un cambio político y superar la democracia representativa. A toda la clase política la cogió la protesta con los pantalones caídos y de espaldas a la realidad. Incluso, los partidos alternativos o de oposición han sido sorprendidos, porque también son maquinarias electorales y no organizaciones para velar, empujar y sostener una democracia participativa abierta. Sin embargo, han pedido perdón, entendido las razones de la protesta, se han acercado, pero ya no pueden recaudar esos millones de jóvenes que se han empoderado de su destino. Son jóvenes valientes, muchos profesionales, claros e inteligentes. Otros sin nada o con muy poco. Colombia tiene unos nuevos líderes que son cientos, tal vez miles, que la gente quiere, apoya y protege. El partido de la primera línea, el del nuevo pacto social. Los nuevos líderes están en las calles.

Hace setenta años, Laureano Gómez, dijo “hay que incendiar el país para sostener el poder”. Lo incendió, el resultado trescientos mil muertos. Uribe hizo lo mismo desde hace 25 años, y ahora ha impartido la misma orden de imponer autoridad a sangre y fuego, y Duque es el subpresidente que la ejecuta. Un nuevo genocidio está en marcha pues son cientos los jóvenes desaparecidos por una brutal policía y un indiferente gobierno que no conversa con los jóvenes de la protesta, pero si los reprime.