¿CRÍMENES SIN CASTIGO?

“Uribe un personaje para Tarantino”

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Foto: Gabriele Siegrist

Un tercer ciclo de violencia inició Colombia desde cuando el Duque de Uribe ganó la presidencia. El narcotráfico se disparó y su impacto es mayor que en los años de auge de los grandes carteles. El asesinato de líderes sociales, de excombatientes de las FARC, la captura del Estado por la ultraderecha de Uribe y la corrupción que arrastra y se agazapa detrás de él, los desplazamientos de inermes campesinos y la infame represión a la protesta social, son un diagnóstico mínimo del eterno luto en que vive la Colombia por culpa de asesinos y bandidos.

Todo ocurre con la complacencia de los Estados Unidos, que ven en un país institucionalmente derrumbado un aliado funcional a los propósitos de perpetuar la dependencia y el atraso de América Latina.

Biden no hará nada por mejorar la situación de Colombia, pues así lo controla puesto que tiene presencia en siete o más bases militares, un Tratado de Libre Comercio favorable a ellos, y arma al ejército y a la policía que no le sirven a la democracia y a la seguridad de los colombianos. Unas fuerzas militares que suman el equivalente al 1% de la población (500.000), están hechas para defender al 0.3% % de privilegiados (150.000 personas). Sin embargo, cincuenta millones de habitantes pagan su funcionamiento. Al joven que el Esmad le destruye un ojo o lo mata, es con los impuestos que ha pagado, y con las armas fabricadas en el país del norte.

Colombia es una sociedad, una economía y un Estado atravesado por el narcotráfico, el fascismo, la corrupción y el atraso, que ha derivado en una sociedad superficial de consumo, individualista, de una inconciencia social ilimitada y de una ignorancia insultante, neutralizada en la inteligencia innata de su gente, capaz de darle forma a una sociedad anómala, disfrazándola de progreso, de bienestar y oportunidades.

Colombia es un estado que camina sobre la piel y la sangre de miles de ciudadanos y campesinos, que piensa intermitentemente como si padeciera interrupciones mentales que le hacen perder cada rato la cabeza.

Desgracia y deportación de una ciudadana alemana que vivió la protesta detrás de La Primera Línea

El activismo político internacional debe ser global, porque la protesta social es un derecho internacional, entonces, así como hay libre circulación de bienes, servicios y de personas de negocios, también debe haber libre circulación de activistas para la protesta pacífica ante problemas emanados de la globalización. Los problemas de Colombia de los últimos treinta años, razón del actual estallido social, son fruto del neoliberalismo global.

Falta saber quién cometió el crimen de su compañero. Un ladrón no le dispara nueve tiros a una persona, y varios a su acompañante, y no se lleva nada. A él lo mataron porque había sido Primera Línea en Puerto Resistencia. El sicario fue por los dos, aunque sólo lo mataron a él porque los disparos a ella se perdieron en su bolso.

La embajada de Alemania no ha dicho nada, pero sí esperando que el gobierno de Colombia haga una investigación seria que conduzca a la verdad y no a la mentirosa versión que hasta ahora ha dado.

Duque tomó la decisión de reprimir la protesta social. Los jóvenes ya no pueden organizar nada en espacio público. Para neutralizarlos, les envían la policía antes de iniciar cualquier actividad en las calles. Entonces, ha muerto el derecho legítimo a la justa protesta pacífica, como en la peor de las dictaduras.

Con esta nueva táctica neutralizan los informes de la CIDH, de Amnistía Internacional, de la ONU, y de la Misión de Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia, que hizo un documento demoledor, porque la violación de los derechos humanos sucede cuando los vándalos infiltrados en las movilizaciones arman el escenario para la actuación de la policía, pero, al hacer imposible las movilizaciones los vándalos desaparecen.

Mientras Duque se preocupaba por la extradición de la ciudadana alemana, cuatro mil campesinos eran desplazados de Ituángo, una zona donde se esconden los cadáveres de las masacres del Aro y La Granja, que vincula a los hermanos Uribe.

En Necoclí, otro rincón de Antioquia, diez mil emigrantes se hacinan en las calles esperando el barco que los llevará a la frontera de Estados Unidos. El tráfico de personas, otro de los negocios criminales de Colombia.       

Juicio a Uribe ¿farsa o justicia?

Con la ley 906, creada cuando Uribe fue presidente, el peor delincuente de cuello blanco o el peor criminal de lesa humanidad pueden quedar libres, porque si a la Fiscalía no culmina las investigaciones, se vencen los términos.

Lo que veremos en los siguientes días puede ser así: si la jueza no acepta la solicitud de preclusión, el caso vuelve a la Fiscalía para que investigue y acuse. Como la Fiscalía está pidiendo preclusión, no hará nada, y en un tiempo el caso muere por vencimiento de términos o por otra argucia jurídica de la defensa de Uribe. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia nunca debió entregar el expediente. Pudo sentar jurisprudencia, investigando, judicializando y condenando. Así Colombia ya estaría enmendando el error más monstruoso que ha cometido en su historia republicana.

La ley 906 fue hecha deliberadamente para la impunidad de los grandes delincuentes de cuello blanco y para los peores criminales, incluidos los de lesa humanidad. Por eso la JEP es necesaria e inevitable si de paz y justicia se trata. Por eso Uribe la quiere destruir. Sin embargo, para que este personaje vaya a juicio y condena, suponiendo que la jueza no acepte la preclusión, la Fiscalía podría enmendar su decisión inicial ante la contundencia de las pruebas y contra argumentación que haga la defensa de las víctimas, y de esa manera Uribe irá a juicio y sería condenado.

Sin embargo, a partir de un concepto de la Procuradora Cabello, la defensa de Uribe puso una tutela ante la Corte Constitucional, para que lo actuado por la Corte Suprema de Justicia pierda validez al haber pasado el caso de la ley 600 a la 906. De esa manera, la Fiscalía arrancaría de cero. Dado su sesgo a favor del demandado, insistiría en la preclusión. Al momento de escribir esta columna la Corte Constitucional no había respondido la tutela, aunque debe hacerlo antes de continuar con las audiencias donde las víctimas responderán a los argumentos que respaldan la solicitud de preclusión de la Fiscalía, y antes de que la jueza anuncie su decisión.

La Corte Constitucional no puede desconocer lo actuado por la Corte Supera, pero sí puede sentar jurisprudencia para futuros casos. El proceso de Uribe tiene el camino trazado y andado, ya no es posible devolverse. Las víctimas han sido perjudicadas porque la Fiscalía ha defendido al victimario y no a ellas. Las instituciones de Colombia están más azotadas que nunca, y la nación está perdida y sin lugar en el espacio.

Se necesita una nueva Constitución y un cambio político. Por lo cual la unión del centro y de la izquierda es necesaria, responsable y urgente para salir de una tiranía que destruye y nada construye.